La drástica caída de homicidios que convierte a Zacatecas en un ejemplo para México (y las dudas de su población)

«Era una fiscalía que no escuchaba, que era insensible, no tenía empatía», me dice el ahora fiscal, sentado en su despacho de la Ciudad Administrativa zacatecana.

Luego, mostrando un extenso informe de gestión que lleva su foto en la portada, da uno de los tantos datos que trajo a la entrevista: si en 2021 hubo 1.741 homicidios, en 2025 fueron 149; una caída del 91%.

Solo en 2025, la reducción fue del 71%.

Aunque es uno de los estados menos poblados de México, Zacatecas puede ser considerado uno de los más importantes por historia y por geografía.

Desde la Colonia hasta principios del siglo XX, en este árido conjunto de sierras se desarrolló uno de los enclaves mineros, de producción de plata, más pujantes de la región.

Cuando a mediados de siglo XX las minas se vaciaron y una gran porción de la población migró al norte y a Estados Unidos, Zacatecas, que conecta el norte con el sur y el occidente con el oriente, pasó a ser un corredor clave de las industrias ilegales de drogas y personas que atraviesan el país.

Las carreteras y las ferrovías más importantes de México pasan por acá.

Por eso es que, desde los años 80, este ha sido, de manera intermitente, un espacio disputado entre los grupos del crimen organizado.

El fiscal Camacho, de verbo pausado y técnico, explica la reducción de la violencia con dos argumentos: coordinación y lucha contra el narcomenudeo.

Todas las mañanas, los titulares de la Gobernación, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y los entes de inteligencia se reúnen en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, un foro que, según Camacho, elimina la división de competencias, permite respuestas inmediatas, facilita la identificación de focos, optimiza la inteligencia y unifica la presencia en el territorio.

«Cuando existe coordinación institucional, compromiso y claridad en el rumbo, es posible transformar realidades», dice Camacho sobre una teoría que tanto Sheinbaum como su secretario de Seguridad, el expolicía Omar García Harfuch, comparten.

La fragmentación política, social y económica es un desafío estructural para un país federal lleno de pequeños y diversos focos de poder.

La teoría de que con centralización de la información, depuración de la corrupción y coordinación entre entidades se puede luchar contra la violencia criminal es, hasta ahora, lo que funcionó en casos exitosos como el de las ciudades de Tampico y Ciudad de México y los estados de Guerrero y Nuevo León.

Camacho dice que la otra clave de su éxito es el ataque metódico y contundente a los centros de venta de drogas: «El narcomenudeo es la puerta de entrada a delitos más graves —dice—; los jóvenes involucrados pueden iniciar con el halconeo o la venta de dosis, pero su nivel de agresividad suele escalar hacia la extorsión, el secuestro o el homicidio».

Los cateos (redadas o registros) gestionados por Camacho, uno de los cuales dice estar ocurriendo en el momento que hablamos, «permitieron aumentar las detenciones y el aseguramiento de armas, equipo táctico y dosis de droga».

En comparación con 2023, el número de personas detenidas por narcomenudeo aumentó 170%.

Le pregunto al fiscal si esto no es otra nueva versión, tal vez más técnica, de la vieja estrategia de luchar contra el consumo de drogas ilegales con una guerra, como si se tratara de un enemigo interno.

Y responde: «Yo estoy en contra de las drogas. En mi vida nunca he probado un tipo de sustancia ilegal. Pero creo que el combate estratégico contra el narcomenudeo debe ir acompañado de políticas públicas sobre la constitución de una vinculación y sensibilización ciudadana que genere respeto a la autoridad familiar, a la autoridad moral y a la autoridad del Estado».

Es un punto equiparable al que suele enunciar Sheinbaum acerca de la necesidad de enfrentar al narco a la par que atender las causas sociales, económicas y sanitarias de la violencia.

El choque de versiones

Tras la entrevista con el fiscal fui al imponente y colorido centro colonial de la ciudad, donde la gobernación auspiciaba un gran festival cultural con artistas nacionales e internacionales al que se dijo asistieron 40.000 personas.

Una prueba, según Camacho, de que «acá se vive en paz».

Ahí, entre puestitos de gorditas (tortillas gruesas) y dulces callejeros y música, le pregunté a una veintena de personas si creía lo que me venía decir el fiscal: un tercio dijo que sí, otro que no y otro se mostró indiferente.

«La situación de tranquilidad ha mejorado aunque pueda ser una percepción relativa», me dijo Ramiro Sánchez. «En Fresnillo (un municipio cercano a la capital) estuvo muy triste porque uno hijo mató a sus padres hace 15 días», señaló Jessica Septien.

Luego Angela Pérez me dijo : «En el centro no, pero en las zonas conurbadas sí hay mucha inseguridad, hace falta mucho alumbrado, que se pongan las pilas».

Después concluyó con un dicho popular: «Cada quien habla como le va en la feria».

En efecto, en mis entrevistas con víctimas encontré las versiones más escépticas sobre la reducción de la violencia en Zacatecas.

Brenda Carmona, quien perdió a su esposo en 2011 y a uno de sus hijos en 2024, calificó los números de «mentira, una falsedad tremenda de un gobierno que censura las noticias para ocultar la realidad».

También hablé con Elizabeth Araiza, líder del grupo de madres buscadoras Escarabajos, quien busca a su hermano y me dijo: «Tal vez los homicidios bajaron, pero las desapariciones van al alza», una interpretación común a nivel nacional según la cual el descenso de lo primero es proporcional al aumento de lo segundo.

Cosa que en Zacatecas, al menos según los números oficiales, no es el caso; pero también hay una discusión compleja, técnica, sobre cómo se determina qué es un homicidio y una desaparición.

Un reciente informe la ONG Causa en Común reportó que en ocho estados —Zacatecas no es uno— hay un aumento de las desapariciones mucho mayor al del descenso de los homicidios.

Jalisco es el caso más extremo: en 2025 los homicidios bajaron 33% y las desapariciones subieron 219%, según cifras oficiales.

Las autoridades, de Sheinbaum a Camacho, responden que el registro de desaparecidos tiene problemas, que hay que medirlo «en su justo término» y que muchas son «ausencias voluntarias».

Araiza expresa que hablar de ausencias voluntarias es una «falta de respeto a las víctimas».

Cristela Trejo es una reconocida activista de los derechos de los niños en Zacatecas; experta en prevención del delito y, antes que todo eso, profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

«Entrar en un juego de narrativas sobre quién es más víctima es perverso», dice. «El debate técnico hace que se pierda de vista el antes y el después del delito, sus causas y sus consecuencias en una sociedad y en una familia».

«La cifra anula la conversación sobre la precariedad y la victimización, y minimiza la gravedad de que haya una muerte en el espacio público, de un niño, en una cancha; el terror de la comunidad se borra, simbólica y jurídicamente, y se institucionaliza la revictimización y la deshumanización», afirma Trejo.

«Quién responde por lo que se perdió»

En Jerez, otro municipio zacatecano, hablé con un ranchero que pidió no ser identificado porque, en su trabajo como vendedor ambulante, tiene que lidiar con los carteles a diario.

Admite que la violencia ha bajado, pero lo atribuye a una razón que aparece con frecuencia en el contexto de la violencia: los ciclos de la guerra entre carteles.

«Cuando estaba feo era cuando había dos carteles —me dijo—. Ahora que sí ganó uno, ya se puede ir (al rancho) como antes».

El fiscal Camacho alega que eso es «totalmente falso; la paz es resultado de operativos estatales».

Pero, así hoy pueda ir a la finca, el ranchero debe trabajar en la ciudad porque la violencia, en su peor momento, lo obligó a vender sus vacas por debajo del precio de mercado. Y sus huertas se secaron.

Él insiste en un punto que va más allá de la discusión sobre los números: «Mira, el gobierno puede tener razón en que bajaron los homicidios. Pero el problema es quién nos da lo que se perdió».

¿Quién le responde a Brenda, ya no por la pérdida de su esposo e hijo, sino por los años de «revictimización por parte de las autoridades» que le dejaron —dice— ataques de pánico y una diabetes aguda?

¿Quién acompaña —física, emocional, económicamente— a las madres buscadoras, que cada día recorren los hostiles escenarios de este árido territorio en busca de cuerpos enterrados en fosas?

Es probable que en la discusión sobre las cifras se pierda un debate tanto o más importante: ¿cuán profunda es la herida de la violencia? ¿Cómo pueden los mexicanos volver a confiar en sus autoridades, si es que alguna vez lo hicieron?