La Asamblea Nacional venezolana electa hace seis años prorrogó por 12 meses su “continuidad constitucional” y prolongó por el mismo término la presidencia encargada de Juan Guaidó, aunque con mayores controles sobre sus funciones como jefe de Estado provisional.

En una sesión que se extendió hasta la medianoche del lunes, los diputados opositores aprobaron “la continuidad constitucional del Poder Legislativo Nacional” a través de la figura de una comisión delegada, conformada por menos de 10% de los parlamentarios votados en diciembre de 2015.

Según lo acordado, esa comisión estará vigente por dos meses contados a partir del 4 de enero de 2022 “o hasta que, dentro de ese lapso, se restablezca el orden constitucional y democrático” en Venezuela.

La oposición argumenta que la única institución legítima en el país suramericano es el Parlamento de 2015. Juan Guaidó, presidente del legislativo, se autojuramentó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 argumentando que el presidente Nicolás Maduro usurpaba el cargo.

Los detractores del oficialismo venezolano desconocen las elecciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020 por considerarlas fraudulentas.

La reforma parcial de este lunes al “estatuto que rige la transición a la democracia” en Venezuela contempla que “actuará como encargado de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de defender la democracia y dirigir la protección de los activos del Estado en el extranjero”.

Según la norma, sin embargo, “sus actos serán objeto de las potestades de control de la Asamblea Nacional”, precisa el documento aprobado.

La comisión delegada ejercerá funciones de control sobre las decisiones tomadas por Guaidó, según se desprende de la reforma sancionada. Tiene la potestad de autorizar nombramientos o remociones del presidente encargado en juntas administradoras ad-hoc de institutos públicos, autónomos, fundaciones estatales, asociaciones o sociedades civiles y empresas del Estado.

De acuerdo con lo descrito en la reforma, la comisión delegada del Parlamento cumplirá esa función para “designar a sus administradores y, en general, adoptar las medidas necesarias para el control y protección de sus activos”.

También, cuenta con el poder de “autorizar instrumentos contractuales y financieros que permitan defender de manera más eficiente y transparente los activos” de Venezuela en el extranjero, propuestos por el mandatario interino.

Esa delegación parlamentaria asume además la autorización de nombramientos propuestos por Guaidó en la junta administradora de Petróleos de Venezuela.

Los poderes de Guaidó

Guaidó, por su parte, podrá designar a su procurador especial “para la defensa y representación de los derechos e intereses de la República”. El estatuto lo obliga, asimismo, a rendir cuentas mensualmente a la comisión delegada “o cuando esta lo disponga por razones de urgencia e interés general”.

El líder opositor podrá designar jefes de misiones diplomáticas antes los países que reconozcan su legitimidad “solo mientras persista ese reconocimiento”. Será la comisión delegada, sin embargo, la que autorice esos nombramientos.

Los diputados de 2015 podrán designar representantes internacionales de la Asamblea Nacional que actúen en materias de derechos humanos, migración o crisis humanitaria y lucha contra la corrupción “solo en aquellos países u organizaciones multilaterales que no reconozcan a nuestros jefes diplomáticos”, reza el estatuto que contó este lunes con el visto bueno de la oposición.

La reforma se aprobó unánimemente en segunda discusión, detalló el opositor Centro de Comunicación Nacional. Se concretó, indicó, “tras un intenso proceso de consulta pública” donde participaron “los principales juristas” de Venezuela.

Guaidó reaccionó con entusiasmo a lo acordado este lunes. “Hoy gana la Constitución, hoy pierde Nicolás Maduro”, dijo, haciendo votos de nuevo por que haya en Venezuela elecciones presidenciales “libres y justas”.

Felicitó a la oposición por haber vencido a quienes pretendían dividirla. A su juicio, la reforma significa “no solamente rendir cuentas de manera más transparente al país, sino ser más ágiles” en sus competencias.

Lo aprobado el lunes incluye la eliminación de dos organismos creados previamente, el centro de gobierno y el consejo político, para “redimensionar lo burocrático” y concentrarse en la lucha por la democracia, explicó el primer vicepresidente del Parlamento de 2015, Juan Pablo Guanipa.

El dirigente del partido Primero Justicia, la primera fuerza parlamentaria, expuso que la Asamblea Nacional será “el centro de gravedad de toda la institucionalidad” en Venezuela y reivindicó los “controles reforzados” que tendrá la comisión delegada sobre los activos del país en el extranjero.

Redacción: Voz de América.

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