La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el incremento de la violencia en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos, en Colombia, ejercida por parte de grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados, según un comunicado oficial.

En el texto, además, indica que la ONU registró 66 masacres, 255 muertes y el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos desde principios de 2020 y pidió al Gobierno «medidas concretas para proteger a la población».

“Hago un llamamiento a las autoridades colombianas para que tomen medidas más fuertes y mucho más eficaces para proteger a la gente de esta violencia abyecta y generalizada”, dijo Bachelet.

También pidió investigaciones independientes sobre las violaciones de los derechos humanos, y dijo que la fiscalía general había hecho un buen trabajo pero que debía ir más allá.

Según la Alta Comisionada, «desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia también ha documentado 244 asesinatos de excombatientes de las FARC».

La oficina de la ONU también indicó que comunidad indígena Nasa ha sido uno de los más afectados, «con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en la región del Norte del Cauca en 2020».

La ONU registró dos incidentes. El primero, ocurrido en el Norte del Cauca el 5 de diciembre, que dejó cinco personas -incluido un ex combatiente de las FARC en proceso de reintegración- asesinadas. El mismo día, reporta la ONU, «24 líderes y autoridades del pueblo Nasa recibieron amenazas de muerte».

«Los números que mencionamos son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores precisamente porque la pandemia de COVID-19 ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos y masacres», informó Marta Hurtado, portavoz de Bachelet, ante periodistas en Ginebra.

Otro asesinato reportado fue el del líder indígena Miguel Tapí Rito, el 3 de diciembre, en el departamento del Chocó. «Fue asesinado, y eso provocó que unas 900 personas de su comunidad», dice el comunicado.

«Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país. Además de estos asesinatos, las víctimas incluyen, por supuesto, a los que se quedaron, quienes permanecen casi completamente indefensos», expresó la Alta Comisionada en un comunicado.

Bachelet dijo que es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar las organizaciones criminales, las cual han sucedido a los paramilitares, según lo acordado en el Acuerdo de Paz.

«Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar», dijo Bachelet.

La Alta comisionada también instó a las autoridades a brindar seguridad a toda la sociedad para que, al participar en asuntos públicos y culturales, no sean intimidados.

Redacción: Voz de América.

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