Provea, una de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, denunció el “silencio” de las autoridades al cumplirse un año del operativo policial y militar que dejó 23 civiles asesinados en La Vega, una zona popular en el suroeste de Caracas.

Para la organización de derechos fundamentales, el operativo de seguridad ciudadana efectuado entre el 6 y el 8 de enero de 2021, dejó la “mayor cantidad de víctimas” durante una incursión policial y militar en los últimos 50 años en el país.

En ese entonces, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo de seguridad que ha pedido disolver la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, informaron que más de 650 funcionarios de diferentes servicios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), realizaron una operación “para ir tras la búsqueda de las bandas de delincuencia organizada que pretendían someter y socavar la tranquilidad de la comunidad”.

Miguel Domínguez, comandante de las FAES, aseguró también que “en el barrio donde antes imponía terror una banda criminal, hoy se encuentra desplegada la PNB FAES, brindando seguridad y protección en la parroquia”.

Sin embargo, según familiares de las víctimas y vecinos del sector entrevistados por Provea, las personas asesinadas “no estaban vinculadas a las bandas delictivas” y fueron “ajusticiadas luego de haber sido detenidas dentro de sus viviendas o en la calle”.

“Las fuerzas de seguridad del Estado ingresaron a la comunidad, efectuaron detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y realizaron ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas delante de las familias”, subraya un informe de Provea divulgado el fin de semana.

Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, resaltó que no se ha registrado investigación alguna y que no hay sanción contra los responsables.

“Solicitamos sea investigada la actual alcaldesa de Caracas, la ex ministra almirante Carmen Meléndez, quien para ese momento dirigía todos los cuerpos policiales de competencia nacional en el país”, dijo en un video divulgado en redes sociales.

Alvarado afirmó que los nombres de los funcionarios vinculados con los hechos están expuestos en el informe y recordó que el Estado venezolano se comprometió con la Corte

Penal Internacional (CPI) a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el país.

El informe también detalla los nombres de las victimas y enfatiza que las circunstancias en las que fueron asesinadas “han sido reconstruidas a través de información obtenida de fuentes abiertas, así como información suministrada por vecinos”.

Alfredo Infante, párroco de La Vega destacó que los familiares de las víctimas tienen “miedo a denunciar”.

“Dada la inexistencia de un Estado de Derecho que coloca en absoluto desamparo e impunidad a la población de nuestros barrios, especialmente a los jóvenes a quienes se les discrimina y criminaliza por el solo hecho de ser joven de barrio popular”, manifestó.

En enero de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso exhortando al Estado a investigar las muertes.

“La CIDH insta al Estado a investigar con debida diligencia estas muertes, y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, reitera su recomendación de disolver las FAES, cuerpo de seguridad señalado como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales”, publicó en Twitter.

Redacción: Voz de América.

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