SAN FRANCISCO, EE. UU. – La salvadoreña Janeth Chávez conoce de primera mano cómo los efectos del coronavirus pueden cambiar la vida de una persona, ella no ha tenido el virus en su sistema, pero sus efectos colaterales repercutieron en su salud y en su bolsillo.

Ella tiene una discapacidad, debido a una lesión medular que la mantiene atada a una silla de ruedas desde hace 36 años. Para que su vida sea óptima debe recibir terapias. Pero dentro de sus limitaciones no solo está la movilidad física sino también las carencias económicas. Debido a la pandemia ha tenido que ingeniárselas para continuar con su tratamiento.

“Uno de los mayores contratiempos que tuve fue asumir un costo por hacerme mis tratamientos médicos en un hospital privado”, afirmó a la Voz de América, argumentando que todos los hospitales en su país, como en el resto del mundo, estaban atendiendo emergencias del COVID-19.

“Si no es una emergencia, no tienes que llegar”, explica en alusión a la política hospitalaria en su país.

Esta salvadoreña también es parte de una asociación que reivindica los derechos de mujeres con discapacidad. Explica que muchas mujeres no podían acceder a sus tratamientos, suspendidos por la pandemia, incluyendo el servicio de ginecología.

“Por ejemplo en el tema de salud sexual y reproductiva no ha habido seguimiento”, explica.

La misma opinión tiene Elsy Cárcamo, ginecóloga obstetra que pertenece a la Unión Médica por la Salud y Vida de las mujeres.

Impacto del COVID-19 en los derechos sexuales y reproductivos

Cárcamo explica que éste es otro efecto silencioso del COVID-19, que el Estado ha descuidado y que grupos defensores de los derechos humanos han denunciado constantemente.

De acuerdo a la experta, el mismo aislamiento y el hecho de que muchos de los centros que tenían que brindarles atención se enfocaran únicamente en atender las emergencias del coronavirus, podría estar causando una crisis de salud a corto plazo.

“No tenían acceso a un hospital, a métodos de planificación familiar y sí ya eran usuarias de estos a continuar con sus métodos. No pudieron acceder a programas preventivos como el de cáncer de cuello de útero o a su citología” -entre otros- afirma.

Para Cárcamo, hasta los programas de violencia de género quedaron relegados a segundo plano y siguen así por parte del Gobierno salvadoreño, que previamente había terminado algunos programas destinados a este fin. Incluso dejó de asignar presupuestos para este tema.

“No ven la salud sexual y reproductiva como algo vital en la vida de las mujeres, pero si no hay salud no hay desarrollo humano”, sostiene, argumentando que la negación del servicio constituye una violación de los derechos humanos.

Desde su punto de vista, las repercusiones de vulnerabilidad social y económica que esta pandemia tiene y tendrá a largo plazo en la vida de las mujeres alcanzará cuotas nunca antes vistas.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres ha señalando ese hecho, el organismo apunta que las violaciones a los derechos de las mujeres es una pandemia que aumenta y profundiza las desigualdades de género existentes.

También ha señalado que los recursos que antes estaban destinados a los programas de salud y combatir la violencia contra la mujer se han visto desprovistos de estos fondos para «brindar alivio inmediato a los efectos de la COVID-19”.

Violencia por parte del Estado por confinamiento

La imposición de toques de queda y confinamiento han sido otras medidas que han impactado directamente en los derechos de las mujeres.

Wendy Lisseth Morales Gálvez, directora de Asociación Azul Originario (AZO), ONG que presta asistencia humanitaria entre otras acciones, contó a VOA que durante la pandemia su labor de acompañamiento y apoyo a las mujeres aumentó, en especial durante el periodo en el que el gobierno de Nayib Bukele ordenó el confinamiento.

Sostiene que las “no estaban apegadas a derechos” y faltó un trabajo coordinado con los actores locales de las diferentes zonas del país, ya que se debía tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de ciertos grupos para evitar atropellos.

La activista afirma que como asociación han acompañado a algunos sectores de la población femenina a presentar denuncias contra la Administración por arrestos arbitrarios.

Muchos arrestos fueron a mujeres “jefas de hogar” del sector informal, que venden diferentes productos en las calles para alimentar a su familia. Muchas fueron llevadas a centros de contención o centros de detención contra su voluntad.

El confinamiento no era una opción para estas mujeres según Gálvez, por ser “el sustento de su familia». Mientras ellas estaban presas por infringir la cuarentena, sus hijos estaban solos y sin alimento en casa.

“Las medidas eran demasiado punitivas y no tenían un protocolo médico sanitario”, explicó la activista.

Human Right Watch también denunció que el decreto de emergencia de la administración Bukele en la pandemia, era una clara violación de los derechos humanos.

Sin embargo el presidente salvadoreño afirmó en ese momento que de no tomarse esas medidas estrictas de aislamiento obligatorio no lograrían frenar la propagación del del COVID-19.

«Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias que genere, con los ataques que le hagan (…) En esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y las vidas de nuestras familias», señaló el mandatario salvadoreño en sus redes sociales.

Muerte y dolor

Las medidas por confinamiento en algunos casos también trajeron luto y dolor, como en el caso de la auxiliar de enfermería y estudiante universitaria Keyla Martínez, una joven que murió luego de que las autoridades la trasladaran a instalaciones de la Policía Nacional de Honduras por incumplir el toque de queda impuesto por el Gobierno como medida para frenar la pandemia.

El arrestó de Martínez ocurrió el pasado 6 de febrero cuando regresaba de su trabajo y según los policías que la privaron de libertad, ella se suicidó pero de las pesquisas hechas por el Ministerio Público la víctima fue asesinada por «asfixia mecánica» (ahorcada).

Amnistía Internacional ha denunciado el caso, así como la madre de Keyla – Norma Rodríguez – que exige justicia al Estado hondureño y denunció que ella, así como su familia está sufriendo un acoso sistemático por parte de la policía por denunciar el asesinato.

Análisis

ONU Mujeres también ha hecho un análisis profundo de cómo la violencia contra las mujeres se ha agravado durante la pandemia. Ya incluso antes de que existiera el COVID-19, “la violencia contra las mujeres (en algún tipo) ya era una de las violaciones de los derechos humanos más flagrantes”.

La situación se ha agravado en los últimos 12 meses, donde unas 243 millones de mujeres y niñas (de edades entre 15 y 49 años) de todo el mundo han sufrido algún tipo de violencia.

“Y con el avance de la pandemia del COVID-19, es probable que esta cifra crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, su salud sexual y reproductiva, su salud mental y su capacidad de liderar la recuperación de nuestras sociedades y economías, y de participar en ella”, citó la institución en un informe.

El organismo también mantiene activa una campaña que busca atraer la atención de los Gobiernos y la población sobre este hecho.

Violencia a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que un tercio de las mujeres del mundo son víctimas de violencia física o sexual, y la pandemia solo está empeorando la situación.

Según OMS, cerca de 736 millones de adolescentes y mujeres de 15 años o más han sufrido este tipo de agresiones, en gran número en manos de sus compañeros de vida.

“La violencia contra las mujeres es endémica en todos los países y culturas, y perjudica a millones de mujeres y sus familias”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Tedros además realizó un llamado a los gobiernos a tomar acciones porque “a diferencia del COVID-19, la violencia contra las mujeres no puede detenerse con una vacuna.

Redacción: Voz de América.

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