Desde que el presidente Trump anunció sus planes de deportaciones masivas y anuló las protecciones para hospitales y clínicas, los centros de salud han visto un incremento en las personas que no acuden a consulta.
Un hombre yacía en una acera de Nueva York con una herida de bala, agarrándose el costado.
Emily Borghard, una trabajadora social que reparte provisiones a personas sin techo a través de su organización sin fines de lucro, lo encontró y sacó su teléfono, preparándose para llamar al 911. Pero el hombre le suplicó que no lo hiciera, dijo.
“No, no, no”, dijo. Si lo hacía sería deportado, afirmó en español.
Borghard intentó explicarle que la ley federal obligaba a los hospitales a atenderlo, independientemente de su condición de migrante, pero él estaba aterrorizado.
“Dijo: ‘Si voy a urgencias, eso me pondrá en su radar’”, recordó ella en una entrevista en la que relataba el incidente.
En todo Estados Unidos, médicos, enfermeras y trabajadores sociales están cada vez más preocupados por el hecho de que personas con problemas médicos graves como lesiones, enfermedades crónicas y embarazos de alto riesgo, están renunciando a recibir atención médica por miedo a ser detenidas por funcionarios de migración. Desde que el gobierno de Donald Trump anunció sus planes de deportaciones masivas y anuló una política de la época de Joe Biden que protegía espacios como hospitales, las clínicas médicas y las iglesias de la aplicación de las leyes de inmigración, los médicos dijeron que habían notado un fuerte aumento de la ansiedad de los pacientes y de los índices de inasistencia a las citas.
Los especialistas sanitarios advierten que, si esta tendencia continúa, la lista de consecuencias podría ser larga: enfermedades infecciosas circulando innecesariamente; peores costos de la asistencia médica debido a enfermedades crónicas no tratadas; y complicaciones peligrosas en el parto para las mujeres que esperan demasiado antes de buscar ayuda, entre otras.
En una encuesta realizada por KFF, una organización de investigación sobre políticas de salud, el 31 por ciento de los migrantes afirmaron que las preocupaciones por el estatus migratorio —ya sea el suyo o el de un familiar— estaban impactando negativamente su salud. Alrededor del 20 por ciento de todos los migrantes encuestados dijeron tener problemas para comer y dormir; el 31 por ciento declaró que su estrés y ansiedad habían empeorado.
Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a los mensajes solicitando comentarios. Cuando el gobierno anunció que pondría fin a las protecciones en los hospitales el 21 de enero, una declaración del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la nueva política pretendía “hacer cumplir nuestras leyes migratorias y atrapar a extranjeros delincuentes”.
Las investigaciones han demostrado que las medidas en contra de la migración están relacionadas con peores resultados en los nacimientos y en la salud mental, fallas en la atención y menos personas accediendo a los tipos de programas públicos que reducen la enfermedad y la pobreza en general.
“En realidad no solo estamos creando riesgos de salud muy graves, sino riesgos económicos a largo plazo para nuestro país”, afirmó Julie Linton, pediatra y miembro del comité de asuntos del gobierno federal de la Academia Estadounidense de Pediatría. “Estas políticas están creando un miedo y una incertidumbre muy reales para la gente, y tienen un impacto enorme en su capacidad para funcionar en el día a día”.
Enfermedades crónicas
Muchas comunidades de migrantes padecen altos índices de enfermedades crónicas, como hipertensión y diabetes, que, si no se tratan, pueden provocar infartos, derrames cerebrales y otras complicaciones graves.
Por eso los médicos se preocupan por pacientes como Maria, una mujer de 47 años con prediabetes que acude a la misma clínica de atención primaria desde que llegó a Estados Unidos desde El Salvador hace 20 años. Incluso durante las medidas represivas contra la migración del primer gobierno de Trump, siguió buscando atención médica. Pero cuando las protecciones en torno a hospitales y clínicas se anularon a principios de este año, ella canceló su cita para que le revisaran el azúcar en sangre, un elemento rutinario y crucial para la prevención de la diabetes en pacientes como ella.
“Tenemos mucho miedo de estar en la clínica y que la ICE vaya a llegar mientras uno espera a ser atendido”, dijo en español, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Maria, quien pidió que no se publicara su apellido, dijo que se encuentra en un estado de “angustia constante”. Dijo que evita salir de casa y que está elaborando un plan para el cuidado de sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, en caso de que ella y su marido sean deportados.
Una de sus hijas, de 15 años, está recibiendo tratamiento para su enfermedad de hígado graso; la otra, de 11 años, necesita terapia para un trastorno del desarrollo. Su hija mayor tiene otra cita con el médico en junio. Maria y su marido no quieren interrumpir sus cuidados, pero les preocupa llevarla ellos mismos. “Es muy complicado”, dijo Maria. “Yo me puedo poner en riesgo por mis niñas, pero para mi propia salud yo prefiero dejarla al lado”.
Sin embargo, las consecuencias de abandonar la atención médica regular pueden volverse graves en poco tiempo. Jim Mangia, presidente de la Red de Salud Comunitaria St. John’s de Los Ángeles, describió el caso de una paciente diabética que dejó de acudir a una clase semanal de educación diabetológica. Cuando un miembro del personal de la clínica llamó a la mujer, descubrieron que tenía miedo incluso de ir a la tienda de comestibles, y que llevaba días subsistiendo a base de tortillas y café, dijo.
“Gracias a Dios la localizamos y vino”, dijo Mangia, cuya red atiende a alrededor de 25.000 pacientes indocumentados en más de 20 centros. Las pruebas realizadas en la clínica mostraron que su nivel de azúcar en sangre había subido peligrosamente.
“Esto es lo que vamos a ver cada vez más”, dijo Mangia. “Hablar de eso me rompe el corazón”.
Cuidados intensivos
Para los médicos que trabajan en centros de atención urgente, la disminución del número de migrantes se ha hecho evidente a través de algunos parámetros poco habituales. Por ejemplo, la doctora Amy Zeidan, quien trabaja en una sala de urgencias de Atlanta, comentó que las solicitudes de interpretación al español en el departamento de urgencias de su hospital habían descendido más del 60 por ciento de enero a febrero.
Theresa Cheng, quien trabaja en la sala de urgencias del Hospital General y Centro de Traumatología Zuckerberg de San Francisco, dijo que uno de sus residentes había atendido a una persona migrante que había sufrido múltiples fracturas faciales a causa de una agresión, pero que llevaba más de dos semanas sin buscar atención médica. “Hay un miedo enorme”, dijo Cheng.
A finales de enero, dijo Cheng, vio a una paciente que llegó con una diabetes grave sin tratar. La paciente, una mujer indocumentada, dijo que había esperado a buscar ayuda porque tenía miedo. Murió ese mismo día.
Carolina Miranda, médica familiar del Bronx, habló de un paciente al que se había concedido asilo pero que, temeroso del ICE, no se había presentado a una cita médica sobre un posible tumor cerebral.
Se están produciendo retrasos o cancelaciones similares entre las mujeres embarazadas y que acaban de dar a luz, de acuerdo con ginecólogos-obstetras de todo el país. Caitlin Bernard, obstetra de Indiana, dijo que una paciente no había ido a su visita posparto, explicando que ya no saldría de casa. En una planta de obstetricia de un hospital de San Diego, varios miembros del personal dijeron que, tras la toma de posesión, de la noche a la mañana se había producido un descenso en el número de mujeres migrantes que acudían con problemas agudos durante el embarazo.
“Obviamente, esas mujeres aún existen”, dijo una doctora, quien pidió no ser identificada porque su empleador le prohibió hablar públicamente sobre el asunto. “Temo que con el tiempo aumente la mortalidad materna”.
La salud de los niños
Muchos de los hijos de padres migrantes que no han ido a sus citas o por sus medicamentos son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, en las familias de estatus mixto los padres que podrían ser deportados a menudo no están dispuestos a correr el riesgo de ir a la clínica o a la farmacia.
Un pediatra de un centro de salud que da servicio a poblaciones desatendidas en la costa central de California informó de un aumento del 30 por ciento en las ausencias a las citas pediátricas. Muchos de los que sí llevan a sus hijos y son remitidos a otro lugar para recibir atención especializada, como logopedia o una evaluación del autismo, se niegan, diciendo que están demasiado asustados, comentó el pediatra, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente.
Tania Caballero, una pediatra del Johns Hopkins que atiende a pacientes en un centro de salud para grupos desatendidos llamado Baltimore Medical System, dijo que se había encontrado con padres que no habían querido ir con sus bebés a urgencias por miedo, y con padres de niños con enfermedades crónicas como parálisis cerebral, asma y diabetes tipo 1 que le habían dicho que habían dejado de recibir atención vital.
“Les digo a los pacientes: ‘No puedo controlar lo que ocurre fuera de mi espacio, y no puedo controlar si alguien entra en mi espacio, pero ustedes me conocen. Tengo las herramientas y quiero ayudarlos a recorrer este camino y a hacerlo juntos’”, dijo.
Algunos padres de niños en otras situaciones graves —como los que reciben tratamiento contra el cáncer— tienen la esperanza de que el estado de su hijo pueda protegerlos. Algunos han pedido a los pediatras cartas donde expliquen los requisitos médicos de sus hijos, con la esperanza de que los funcionarios de migración que los detengan puedan convencerse de que el niño necesita quedarse en Estados Unidos para sobrevivir.
Lisa Gwynn, una pediatra del sur de Florida que atiende a familias de todo el Caribe y Sudamérica, dijo que la caída del índice de asistencia de sus pacientes es especialmente preocupante porque estos no reciben las vacunas infantiles necesarias para prevenir enfermedades como el sarampión, la neumonía y la tos ferina.
A Gwynn también le preocupa que, si no acuden a verla, los niños que han sufrido traumas graves antes de llegar a Estados Unidos no estén en contacto con trabajadores sociales o psicólogos que puedan ayudarles.
“Imagina a tus hijos viviendo en un hogar donde todo el mundo tiene miedo, y ellos vinieron a este país para dejar de tener miedo”, dijo. “Sabemos que el estrés no es bueno para la salud. Punto. Los niños no tienen tan buen rendimiento en la escuela, tienen problemas de salud mental, depresión, ansiedad”.
Un dilema para los hospitales
Algunos centros médicos han dicho que obedecerán a los funcionarios de inmigración. NYU Langone, en la ciudad de Nueva York, envió un memorándum a los empleados advirtiéndoles que no trataran de proteger a los migrantes ilegales. Pero muchos otros centros y organizaciones de salud están encontrando formas de adoptar una postura, diciendo al personal que exhiban información sobre “Conoce tus derechos” en las paredes y que nunca registren el estatus migratorio en los historiales médicos de los pacientes.
La semana pasada, el New England Journal of Medicine publicó un artículo de dos médicos y un abogado en el que se detallaba cómo los doctores pueden seguir prestando asistencia médica y oponerse legalmente a algunas peticiones del ICE.
La red de clínicas St. John’s de Los Ángeles puso en marcha recientemente un ambicioso programa de visitas domiciliarias en el que un médico, una enfermera y un asistente médico van a los hogares de los pacientes para realizarles exámenes y suministrarles medicamentos. Su objetivo es informar de esta opción a sus 25.000 pacientes indocumentados.
En la zona de Nueva York, una asociación de hospitales sugirió designar un “enlace hospitalario” al que se pueda llamar para que acompañe rápidamente a un agente a una oficina privada, y luego solicitar ver una orden firmada, que sería revisada por un abogado interno.
En la sala de urgencias del University Hospital, un centro de atención para personas de bajos recursos en Newark, los miembros del personal reparten tarjetas, en español y en otros idiomas, en las que les recuerdan a los pacientes sus derechos. “Usted tiene el derecho de negar permiso a un registro de su persona, vehículo o casa”, dicen las tarjetas.
Pero incluso allí, el miedo es palpable. Annalee M. Baker, médica de urgencias, dijo que había visto a una joven que decía que su pareja la había golpeado hasta dejarla inconsciente. Cubierta de marcas y moretones, había esperado horas antes de ir ahí. El motivo: estaba aterrorizada de que deportaran a su pareja.
Baker también atendió a un menor que había sido apuñalado; necesitaba el consentimiento de sus padres para atenderlo, pero el chico estaba nervioso y no quería dar detalles sobre ellos, por miedo a que pudieran quedar atrapados en la red migratoria.
Sin embargo, lo que más atormenta a Baker son las personas que nunca llegan a ir.
“El trágico mensaje para estas personas es: sé una sombra, y ojalá no te mueras”.
Sarah Kliff colaboró con reportería.
Emily Baumgaertner Nunn es reportera nacional de salud para el Times, y se centra en cuestiones de salud pública que afectan principalmente a las comunidades vulnerables.
Nina Agrawal es reportera de salud del Times.
Jessica Silver-Greenberg es una periodista de investigación que escribe sobre las grandes empresas y se centra en el cuidado de la salud. Es periodista desde hace más de una década.
Redacción: The New York Times
