Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, nombró a sendos nuevos jefes para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la agencia penitenciaria SNAI, después de los disturbios del fin de semana que dejaron 68 muertos en el último brote de violencia entre reclusos alineados con bandas rivales, informó el gobierno

En un comunicado de prensa publicado en la cuenta oficial de Twitter de la presidencia del país se dio a conocer que el presidente había aceptado las renuncias del vicealmirante Jorge Cabrera, jefe del mando conjunto, y de Bolívar Garzón, titular de la agencia penitenciaria SNAI.

El presidente nombró al comandante del ejército, general Orlando Fuel, como nuevo jefe del mando conjunto. Marlo Brito, quien era jefe del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), reemplazó a Garzón en el SNAI.

Los enfrentamientos durante el fin de semana entre reclusos armados con pistolas, machetes y explosivos se cobraron la vida de decenas de reos en una prisión abarrotada de Guayaquil antes de que las autoridades pudieran recuperar el control del centro.

Este año, las cárceles de Ecuador -consideradas violentas, decrépitas y superpobladas- han sido testigo de algunos de los peores disturbios en la historia de la región.

Más de 320 reclusos han muerto hasta ahora en 2021, y el último motín ocurrió a pesar del estado de emergencia impuesto en el sistema penitenciario del Ecuador.

Presidencia explicó que Lasso acordó las renuncias de Cabrera y Garzón en una reunión sobre medidas para evitar más violencia carcelaria con sus ministros del Interior y Defensa, así como con los jefes militares y policiales.

Lasso ha pedido a la Corte Constitucional que permita a los militares ingresar a las cárceles. El tribunal ha dicho que una solución a la crisis carcelaria requerirá de acciones estructurales diferentes a las que pueden ser adoptadas mediante un estado de excepción.

Problemas estructurales

Otro motín en la misma prisión en el sudoeste de Ecuador en septiembre dejó 119 muertos, lo que la convierte en la masacre más grande de este tipo en la historia del país y una de las peores en América Latina.

Los motines, para André Benavides, abogado constitucionalista consultado por la Voz de América, son «un problema estructural e histórico».

El jurista explicó que en Ecuador, «no existe una adecuada política criminal que prevenga, sancione y rehabilite a esas personas que han cometido estos hechos ilícitos».

Ecuador, que está catalogado como uno de los mayores productores de cocaína del mundo, junto con Colombia y Perú, ha visto un aumento de la violencia atribuida a las luchas entre grupos de narcotraficantes rivales.

Las autoridades han achacado la ola de violencia carcelaria, que ha tomado fuerza durante este año, a una rivalidad de bandas organizadas que buscan el liderazgo y el control de las rutas del tráfico de drogas.

Algo que para la exministra de Justicia Ledy Zúñiga, coincide con la eliminación -en 2018- de la cartera de Justicia, que era el ente rector del sistema de rehabilitación social.

Entonces, según Zúñiga, el país pasó de «una visión de tratamiento de rehabilitación y seguridad a una visión únicamente de seguridad, donde las cárceles se han vuelto bodegas de personas, ni siquiera que tienen calidad de seres humanos».

Ecuador, un país con alrededor de 17,7 millones de habitantes, se ve favorecido por los traficantes debido a sus fronteras porosas, una economía dolarizada y los principales puertos marítimos de exportación.

Las incautaciones de drogas, principalmente cocaína, alcanzaron un récord de 155 toneladas entre enero y octubre de 2021, mientras que los delitos callejeros y las guerras entre presos alineados con pandillas han dejado más de 2.000 muertos en lo que va de año.

* Con información de AFP, Reuters y del periodista Néstor Aguilera, desde Quito.

Redacción: Voz de América.

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