Un grupo de criminales armados asesinaron la madrugada del domingo pasado a cuatro trabajadores de la finca Santomé, en el estado venezolano de Zulia. Eran miembros de una banda llamada “J.L.” y tenían dos semanas exigiendo un pago millonario al dueño de la hacienda.

“Asesinaron brutalmente a mis trabajadores, que hacían posible producir alimentos para Venezuela. Siento mucha rabia, pena e impotencia. Tengo indignación”, escribió ese mismo día a la prensa el propietario de esa unidad agropecuaria, declarándose, a su vez, “en total estado de indefensión”.

Han ocurrido 14 homicidios como parte de intentos de extorsión a ganaderos solo en ese municipio, La Cañada, uno de los 21 del Zulia y de los 335 del país.

Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), precisó este martes que grupos criminales de la zona mataron en el último año a tres empleados de la finca Cotuperí; dos, en El Carmen; dos, en El Carmelo; tres custodios de las áreas de Petrovenca, una compañía petrolera del municipio; y los cuatro trabajadores de Santomé.

El vocero del sector agropecuario, acompañado de voceros de la principal organización empresarial del país, Fedecámaras, denunció la estampida de productores de zonas rurales de Venezuela debido a los asesinatos, atentados y extorsiones.

“Se han repartido estos vándalos terrenos importantísimos para la producción. Mientras el país clama (por) comida, hay zonas que se están despejando (de ganaderos), porque los delincuentes no dejan trabajar”, dijo con vehemencia.
La Cañada es considerado uno de los municipios con mejores terrenos para la ganadería y la producción agrícola.

Es, sin embargo, sinónimo de inseguridad.

Según los dirigentes ganaderos del Zulia, el estado más poblado de Venezuela, que comparte fronteras con el este de Colombia, reina el temor entre sus agremiados. Prefieren no denunciar los intentos de extorsión e incluso atentados en su contra, tanto en sus fincas como en sus viviendas.

Advierten que, incluso, siguen desaparecidos desde hace dos semanas dos trabajadores de una hacienda del municipio Santa Rita. Delincuentes armados los raptaron entonces de una finca, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
Situaciones similares ocurren en áreas ganaderas de otros estados del país, como Barinas, Cojedes, Apure y Anzoátegui, reclamaron los líderes gremiales.

Crimen “desbocado”

La inseguridad en el campo venezolano no es reciente, admiten los ganaderos. Tienen décadas sufriendo extorsiones de grupos criminales civiles e incluso se han conocido denuncias de bandas asociadas con la guerrilla colombiana.

La criminalidad en los últimos meses, sin embargo, “se ha desbocado” no son en el campo, sino en varios sectores productivos del país, reclaman los ganaderos.
“Estamos siendo vilmente asesinados (…) No es un caso aislado. Ha sido todo el país y pedimos que esto cese. Pedimos seguridad para todos”, dijo Chacín, el máximo representante de Fedenaga, por su parte, pidiendo a sus colegas que denuncien toda extorsión para que las autoridades enfrenten a esas bandas.

La mayoría de los perjudicados no quiere denunciar, sin embargo. Dicen que no tienen efecto y temen, por el contrario, retaliaciones de los grupos criminales.
Un ganadero zuliano, bajo condición de anonimato, dijo a la Voz de América que urge en Venezuela que haya “paz rural” para poder seguir produciendo leche, queso y carne para los hogares de decenas de miles de familias.

“Para poder seguir trabajando, necesitamos paz en el campo, necesitamos que las autoridades investiguen y actúen oportunamente”, manifestó, pidiendo a este medio reservar su identidad por temor a represalias de la delincuencia.

En febrero de 2020, el presidente Nicolás Maduro reconoció que existen delitos en las zonas rurales de Venezuela y llamó en una alocución pública a sus funcionarios de seguridad a “darle el máximo nivel de protección al campo”.

Su gobierno asegura que da una batalla “contundente” contra la criminalidad en todo el país. Maduro recalca, por su parte, que “enemigos de la patria” financian a organizaciones criminales para “sembrar zozobra” en la nación.

Chacín, en cambio, criticó que “el Estado no reacciona” ante crímenes como las extorsiones a los ganaderos y los asesinatos de la finca Santomé, de Zulia.
Esos 14 asesinatos en un año en La Cañada son, a su juicio, “la punta del iceberg” de la delincuencia, pues, dice, hay más fallecidos, heridos y ataques en haciendas de Zulia y otras regiones de Venezuela que no se conocen porque los ganaderos no se atreven o no quieren denunciar ni siquiera ante sus gremios.

“Toda Venezuela está tomada por el hampa y exigimos que (los militares) salgan de los cuarteles para hacer su trabajo. Estamos solos, sin portes de armas”, denunció Chacín en la conferencia de prensa del martes. Desde 2012, el gobierno venezolano restringe el uso de armamento a la población civil.

Redacción: Voz de América.

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