Fiscal general pide suspender la Constituyente.

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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, presentó el jueves tres nuevos recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para anular los decretos presidenciales que invocan el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente.

Se trata de la tercera iniciativa, que en menos de una semana, ejerce la fiscal venezolana ante el máximo órgano judicial del país, contra el intento del presidente Nicolás Maduro de cambiar la Constitución.

El pasado 8 de junio, Ortega solicitó al máximo órgano judicial de Venezuela declarar nulos todos los actos que hubiera adelantado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación a la ANC, no obstante, el TSJ declaró inadmisible la acción judicial.

La fiscalía insistió en el texto publicado este jueves, que de acuerdo a la Constitución, el presidente sólo “puede sugerir o proponer” la realización del proceso para redactar una nueva Carta Magna, que además debe ser “sometida a la aprobación del poder constituyente originario (…) que reside en el pueblo”.

Es poco probable que las nuevas acciones de la fiscal prosperen como tampoco lo hicieron en los últimos años la mayoría de los procesos judiciales emprendidos contra el gobierno. El Tribunal Supremo es controlado por el partido de Maduro.

Protestas

El creciente enfrentamiento de la fiscal con el gobierno se da en contexto de tensión política generado por las protestas antigubernamentales que se han extendido por dos meses y medio y que han dejado al menos 70 muertos, 1.300 heridos y más de 400 detenidos.

La Fiscalía General confirmó el jueves el deceso de dos universitarios, ambos de 20 años, en distintas ciudades del occidente del país.

Luis Enrique Vera de 20 años de edad, participaba en una manifestación antigubernamental en las inmediaciones de la Universidad Rafael Belloso Chacín en la ciudad de Maracaibo, al oeste de Venezuela, cuando murió arrollado por un vehículo, según reseñó el diario El Nacional.

La otra fatalidad ocurrió en la población de Rubio, al suroeste del país, donde José Gregorio Pérez, de 21 años, murió tras recibir un disparo en el rostro, propinado presuntamente por un civil armado, de acuerdo al diario local, Los Andes. El joven protestaba junto a un grupo de personas afuera de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde estudiaba.

Las muertes de los universitarios tuvieron lugar mientras dirigentes de la oposición se movilizaron a través de 10 estaciones del Metro de Caracas, para conversar con los ciudadanos y explicar los motivos por los cuales consideran que la Constituyente promovida por Maduro es un fraude.

De acuerdo a los opositores, la actividad se llevo a cabo con el propósito de sortear la censura de los medios de comunicación tradicionales.

Periodistas detenidos

Al culminar la actividad Daniella Zambrano, periodista de la cadena NTN24, junto a su camarógrafo Williams López y Francisco Izquierdo de Telemundo, fueron retenidos por más de dos horas por un funcionario de seguridad y decenas de supuestos trabajadores del Metro de Caracas.

Héctor Idrogo, gerente de Protección y Seguridad del sistema de transporte aseguró que la retención ocurrió porque “no pidieron el permiso correspondiente” para grabar dentro de las instalaciones del metro.

En declaraciones a los medios de comunicación, la corresponsal de la cadena colombiana narró que las personas que los abordaron no estaban identificadas y mantuvieron una “actitud hostil, nos grabaron con sus celulares y nos gritaban que no nos podíamos ir de ahí hasta que llegara el Servicio Bolivariano de Inteligencia”.

“Nos dejaron ir al momento que borramos absolutamente todo el material, tanto lo que grabamos dentro del metro y todas las entrevistas que grabamos fuera de las estaciones del metro. Nos tomaron fotos, nos pidieron números de teléfono, dirección” relató Zambrano.

Durante los últimos días el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha denunciado decenas de agresiones, robos y otros ataques contra equipos de prensa.

“Hace poco a nuestra colega de TV Venezuela la asediaron y le robaron sus equipos. A mucho de nuestros colegas los han mandado a borrar el material cuando el gobierno no quiere que salga algo a la luz pública”, denunció la periodista.